sábado, 23 de mayo de 2026

El desaparecido Banco de los EEUU

Tras la independencia de los Estados Unidos hubo dos intentos de crear un banco central de carácter nacional: el Primer Banco de los Estados Unidos (1791-1811) y el Segundo Banco de los Estados Unidos (1816-1836). Ambos desaparecieron por una mezcla de razones políticas, ideológicas, territoriales y económicas.
First Bank of the United States
Fue impulsado por Alexander Hamilton, que defendía un Estado federal fuerte, una deuda pública organizada y un sistema financiero moderno.
Principales motivos de su desaparición
Desconfianza hacia el poder central
Muchos estadounidenses acababan de independizarse de una monarquía poderosa y desconfiaban de cualquier institución financiera nacional fuerte.
Los defensores de los “derechos de los estados”, encabezados por Thomas Jefferson y James Madison, consideraban que el banco daba demasiado poder al gobierno federal y a las élites financieras del noreste.
Debate constitucional
La Constitución no mencionaba explícitamente la creación de un banco central.
Hamilton defendía la doctrina de los “poderes implícitos”; Jefferson sostenía una interpretación estricta de la Constitución.
Rechazo agrario y populista
Muchos agricultores y estados del sur veían el banco como un instrumento favorable a comerciantes, acreedores y ciudades del norte.
Influencia extranjera
Parte del capital estaba en manos de inversores británicos y europeos, lo que generaba sospechas en una nación recién independizada.
No renovación de la concesión
El banco tenía una autorización de 20 años. En 1811, el Congreso votó su renovación y fue rechazada por un margen muy estrecho.
Second Bank of the United States
Se creó después de la War of 1812 porque la ausencia de un banco nacional había provocado caos monetario y dificultades para financiar la guerra.
Principales motivos de su desaparición
La “guerra bancaria” de Andrew Jackson
El gran enemigo del banco fue Andrew Jackson.
Jackson veía el banco como una institución antidemocrática controlada por ricos y financieros.
Lo acusaba de concentrar demasiado poder económico y político.
Conflicto entre democracia populista y élites financieras
Jackson representaba a agricultores, colonos y sectores populares del oeste y sur.
El banco era percibido como una herramienta de las élites comerciales del este.
Temor a corrupción política
El presidente del banco, Nicholas Biddle, utilizó el poder financiero del banco para influir políticamente, reforzando las críticas de Jackson.
Veto presidencial
En 1832, Jackson vetó la renovación anticipada de la licencia del banco.
Después retiró los depósitos federales y los trasladó a bancos estatales (“pet banks”).
Clima ideológico estadounidense
Persistía una fuerte tradición anti-banco central y anti-monopolio.
Mucha gente veía cualquier institución financiera nacional como una amenaza a la libertad republicana.
El banco dejó de actuar como banco nacional en 1836 y terminó desapareciendo poco después.
Consecuencia histórica
Tras la desaparición del segundo banco, Estados Unidos entró en una etapa conocida como la “Free Banking Era”, con numerosos bancos estatales y frecuentes crisis financieras. La experiencia mostró las dificultades de mantener estabilidad monetaria sin una autoridad central fuerte.
Finalmente, después de varias crisis bancarias —especialmente el pánico de 1907— se creó en 1913 la Federal Reserve System, que sigue siendo el banco central estadounidense actual.

domingo, 17 de mayo de 2026

Bertrand Russell

Bertrand Russell, ideó una ocurrencia que habría avergonzado incluso a los eugenistas de la Alemania nazi. Sugirió que el Estado emitiera «boletos de procreación» codificados por colores. Quienes se atrevieran a procrear con personas que poseyeran un boleto de diferente color se enfrentarían a una fuerte multa. De esta forma, el selecto acervo genético de la élite no se vería contaminado por la escoria proletaria o, peor aún, extranjera. 

(theguardian.com)

viernes, 8 de mayo de 2026

Dos artículos sobre como el ínclito Sánchez dinamita la Constitución y la igualdad. Síndrome de alineación pariental y custodia compartida

 El feminismo mal entendido de Sánchez y sus acólitos:


El dichoso SAP

a ministra Sira Rego compareció en rueda de prensa y dijo que el Gobierno «prohíbe el Síndrome de Alienación Parental (SAP)». Y añadió: «Ningún informe basado en el SAP podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas». mallorcadirio.com



Sánchez dinamita la custodia compartida

«El Gobierno quiere que la custodia compartida deje de ser el modelo preferente en los divorcios y convertirla en un sistema bajo sospecha» theobjetive

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido meter la mano en uno de los pocos ámbitos donde todavía quedaba algo parecido al sentido común: la custodia compartida¿Y con qué herramienta? Con la palabra fetiche del sanchismo: «indicios». No pruebas. No hechos. Indicios. Es decir, humo con rango de ley.

La jugada es de manual. Donde antes había un criterio, la custodia compartida como punto de partida razonable, ahora colocan una sospecha permanente. Basta con que alguien alegue «indicios» de que puede haber un perjuicio psicológico para el menor y adiós muy buenas. Se acabó la preferencia. Se acabó la estabilidad. Se abre la veda de la arbitrariedad.

¿Qué demonios es un «indicio»? ¿Una corazonada? ¿Un enfado convertido en argumento jurídico? ¿La palabra de uno contra el otro con barniz psicológico? Cuando la ley se redacta así, no protege al débil: empodera al que mejor sabe jugar con la ambigüedad. Y en los divorcios, ya sabemos lo que eso significa: más conflicto, más denuncias cruzadas, más guerra.

El patrón ya lo conocemos. Primero se tensiona el conflicto. Luego se amplifica. Y finalmente aparece el Gobierno como el supuesto árbitro de un problema que él mismo ha contribuido a agravar. El viejo truco del bombero pirómano.

Pero hay más. El Gobierno quiere, además, expulsar del procedimiento cualquier referencia al llamado síndrome de alienación parental, cuestión discutida, sí, pero no inexistente. El problema es que aquí el rigor brilla por su ausencia. Porque mientras se prohíben ciertos argumentos, se abre la puerta de par en par a otros mucho más vagos. Es el doble rasero de siempre: lo que no encaja en el relato se elimina; lo que lo favorece se amplía.

Traducción directa: si un padre sostiene que la madre está utilizando a los hijos, influyendo en ellos, deteriorando su relación… ese argumento no vale para defender la custodia compartida. Está fuera.

Pero si se alega lo contrario, que la custodia compartida puede perjudicar emocionalmente al menor, entonces sí. Entonces entran en juego los famosos «indicios».

Mismo problema. Distinto filtro. Resultado previsible. Más poder para decidir. Más poder para interpretar. Más poder para entrar en la intimidad de las familias con la excusa de protegerlas.

El viejo truco de te cuido, luego te controlo. Un paseo en chanclas por el Código Civil.

La clave está en esa palabra fetiche: «interés superior del menor». Nadie en su sano juicio discute el principio. Pero en manos de este Ejecutivo se ha convertido en un comodín, en una especie de navaja suiza ideológica que sirve para todo. Hoy es la custodia; mañana serán las conversaciones en el bar de la esquina; pasado mañana, quién sabe, quizá hasta la sobremesa del domingo.

Porque cuando todo es «interés superior», nada lo es de verdad. Es el equivalente jurídico a decir «Por tu bien». Y ya sabemos cómo termina siempre esa frase en la historia: mal.

Más aún. Se elimina la edad mínima para escuchar al menor. Suena bien. Democrático. Tierno. Pero plantea preguntas incómodas: ¿qué capacidad real tiene un niño de seis años o menos para expresar una voluntad libre en medio de un conflicto familiar? ¿Quién interpreta esa voz? ¿Quién la filtra? ¿Quién garantiza que no está condicionada en medio de una batalla familiar?

El Gobierno, claro. Porque esto no va solo de derecho de familia. Va de política. Y de una forma muy concreta de hacer política.

El sanchismo no gobierna la realidad, la reescribe. No gestiona los problemas, los redefine y y luego legisla en consecuencia. El resultado no es más justicia, sino más confusión. No es más protección, sino más inseguridad.

Porque al final, lo que se está haciendo es muy simple: sustituir criterios objetivos por percepciones subjetivas. Y cuando el derecho entra en ese terreno, el ciudadano sale perdiendo.

Especialmente el menor, al que dicen proteger.

España no necesita esto. Las familias no necesitan esto. Pero el Gobierno sí: otra reforma más para demostrar que puede rehacer la realidad a su antojo, aunque sea a costa de dejar a miles de padres, madres e hijos en manos de un concepto tan etéreo como peligroso.

Los «indicios».

La ley del indicio. O lo que es lo mismo: la ley de la sospecha.